En la Comisión de Fiscalización no habría los cinco votos necesarios para recomendar al Pleno de la Asamblea la censura y destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Los juicios políticos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, planteados por Gisella Garzón y Héctor Valladares, asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC), por presunto incumplimiento de funciones, está a pocos días de iniciar su trámite en la Comisión de Fiscalización.
Con la decisión del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que el 4 de septiembre de 2024 levantó la suspensión del juicio, a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana), le corresponde convocar a sesión para avocar conocimiento de la solicitud del CAL, así como calificar y resolver sobre la unificación (acumulación) de los pedidos de Garzón y Valladares.
En esta Mesa legislativa, el trámite administrativo (defensa, presentación de pruebas de cargo y descargo) en el marco del enjuiciamiento fluiría sin tropiezos. Sin embargo, no habría los cinco votos necesarios para recomendar al Pleno la censura y destitución de la Fiscal.
Dentro de la Comisión, los cuatro votos del correísmo (Pamela Aguirre, Sofía Espín, Ronald González y Lenin Barreto) no serían suficientes para lograr el objetivo deseado. El correísmo no podría contar con el apoyo de Luis Alvarado y César Umajinga, miembros de Acción Democrática Nacional (ADN), quienes han manifestado que no respaldarían la destitución de la Fiscal.
De igual manera, el Partido Social Cristiano (PSC), representado en la comisión por José Rogel, también se opone a la medida. Además, los independientes Ramiro Vela (exADN) y Adriana García (exConstruye) compartirían esta postura.
Informe sobre las posturas de los asambleístas
Si no se obtienen los votos necesarios ni para recomendar el juicio ni para archivar el caso, la Comisión de Fiscalización deberá remitir a la presidencia del CAL un informe que refleje las posturas de los legisladores, así como un resumen del debate y la votación, el informe también debe incluir la documentación correspondiente a la fase de sustanciación, pruebas de cargo y descargo.
Posteriormente, el presidente de la Asamblea deberá presentar este informe, que decidirá si archiva el caso o si continúa con el juicio, para censurar y destituir a la fiscal se necesitan 70 votos, pero el correísmo solo cuenta con 48, quedándole faltando 22 votos.
Otras posiciones políticas estarían definidas para no dar paso a la destitución: El PSC suma 18 legisladores, ADN 26, Construye con 13 asambleístas, 5 de Pachakutik, y 11 independientes.
Tiempos establecidos en la Comisión para llevar a cabo el juicio
De acuerdo con los plazos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), la Fiscal podría ejercer su defensa en el Pleno los primeros días de octubre. Esto coincidiría cuando Viviana Veloz (RC) esté en el ejercicio de la Presidencia en reemplazo de Henry Kronfle (PSC), quien renunciará al cargo el 2 de octubre de 2024, para postularse a la Presidencia de la República.
Una vez calificado el trámite, la Comisión de Fiscalización notificará a Salazar sobre el inicio del proceso, dándole un plazo de quince días para que presente su respuesta a las acusaciones y sus pruebas de descargo, los legisladores proponentes también tendrán quince días para presentar sus pruebas de cargo y sustentar sus afirmaciones.
La ley establece un plazo de diez días para la presentación de pruebas documentales y testimoniales, la Comisión tendrá cinco días adicionales para elaborar el informe final, y dos días para su difusión.
Finalmente, la Presidencia de la Asamblea dispondrá de cinco días para agendar el informe en el orden del día del Pleno.
Motivos para el juicio
A Gissela Garzón, quien propuso el juicio contra Salazar, le corresponde demostrar que hubo un incumplimiento de funciones. Ella destacó que su solicitud se basa en las presuntas demoras de la Fiscal en casos como ‘Encuentro’, ‘León de Troya’, ‘Inapapers’, e incluso en los eventos de octubre de 2019, cuando el país enfrentó un violento paro contra las medidas económicas del Gobierno de Lenín Moreno.
La solicitud de Hector Valladares se configura en un presunto encubrimiento de lavado de activos entre 2019 y 2023”. “Según la UAFE, en ese periodo se han emitido 97 reportes de procedimientos inadecuados, pero la Fiscalía ha procesado únicamente 12 casos”. Valladares no descartó convocar a Fiscalización al exasambleísta Ronny Aleaga (procesado en el caso Metástasis y prófugo de la Justicia) cuando inicie la etapa de sustanciación. (SC)
F: La Hora
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