En los últimos nueve días, tras el cierre del plazo para la inscripción de precandidaturas para las elecciones seccionales del 29 de noviembre, hay 1.276 candidaturas calificadas y en firme.
En las 24 Juntas Provinciales Electorales (JPE) la calificación de candidaturas avanza de a poco, pero dentro de los plazos. De acuerdo con un reciente reporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), se contabilizan 1.276 postulaciones en firme, de las que para la dignidad de alcalde son 86; para concejales rurales, 110; para concejales urbanos, 134; para concejales urbanos por circunscripción, 110; para prefecto y viceprefecto, 16; y, para vocales de junta parroquial rural, 820.
Previamente, durante la fase de inscripción que transcurrió entre el 2 y el 17 de agosto pasados, el CNE receptó un total de 53.534 solicitudes (de inscripción) a nivel nacional para ocupar las 5.742 dignidades que se elegirán el 29 de noviembre.
“Las candidaturas que están en firme son aquellas que han pasado todos los procesos. Hay candidaturas que no se objetaron y sobre las que tampoco se presentaron impugnaciones ante el CNE o recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), por lo que precluyeron los tiempos para interponer recursos”, detalló Cabrera.
Tampoco pueden ser enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar; y, una vez que se proclamen resultados, podrán activarse procesos penales en su contra.
Esta etapa en la organización de los comicios seccionales se encuentra dentro de los plazos previstos en el calendario electoral, ya que el TCE tiene hasta el 28 de octubre para resolver los recursos subjetivos contenciosos que presenten los sujetos políticos, tomando en cuenta que se estima tener el listado definitivo de candidatos el 9 de noviembre.
No obstante, en el caso de que se presenten recursos jurisdiccionales o administrativos en contra de algún candidato y que no tengan relación con la inscripción, pueden ser tratados por los órganos de la Función Electoral: CNE y TCE.
Como ejemplo está el caso del candidato a la reelección por la Alcaldía de Quito Pabel Muñoz, en contra de quien se presentó una denuncia por infracción electoral en la que se lo acusa de “interferir” en el proceso electoral.
La denunciante es Jennifer Celorio Suárez, exfuncionaria del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cercana al equipo del exvocal Juan Guarderas Cisneros, quien fue destituido por un juicio político en la Asamblea Nacional.
Por ahora, la denuncia se inadmitió, según consta en una sentencia de primera instancia suscrita por la jueza electoral Ivonne Coloma, en la que se concluye que Cisneros no delimitó “una conducta concreta”, en la que haya incurrido el denunciado.
Celorio puede apelar el auto de inadmisión para que lo resuelva el Pleno del TCE; y, si es admitida, avanzará con el trámite
F: El Universo