Dritan G., presunto cabecilla de la mafia albanesa en Ecuador, irá a juicio junto a otras 12 personas por el supuesto delito de lavado de activos. Además ocho personas jurídicas también fueron involucradas.
La Fiscalía General del Estado presentó 1.441 elementos de convicción contra los miembros de una supuesta red criminal que entre 2015 y 2023 habrían movido dinero proveniente del narcotráfico a través de inversiones en empresas dedicadas a la exportación de productos agrícolas, compra y venta de inmuebles y productos cárnicos.
Esos fondos también habrían sido utilizados para la compra de terrenos, vehículos, bodegas, parqueaderos, maquinaria pesada, entre otros.
Luego de ocho días de audiencia, un juez Anticorrupción decidió llamar a juicio a las siguientes personas:
13 personas naturales
• Dritan G. (albanés)
• Mario S. (argentino)
• Jairo M. (colombiano)
• Carlos G.
• Teresa P.
• Julio L.
• Bryan L.
• Julio L.
• Jonnathan L.
• Fulgencio C.
• Pablo H.
• Carina E.
8 personas jurídicas
• Holtexsa S.A.
• Produccón de Cárnicos Carniproduccion S.A.
• Ingrener S.A.
• Cresmark S.A.
• Agricomtrade S.A.
• Negoglobal S.A.
• Sentilver S.A.
• Damascoswett S.A.
Según la Fiscalía, los inmuebles adquiridos por las empresas investigadas estarían ubicados en Guayas, Cotopaxi y Santa Elena. El monto del presunto lavado de activos en el sistema financiero ascendería a USD 43.468.059 a través de tres etapas: colocación (recepción física de bienes o dinero ilícito), estratificación (inversión de fondos y movimientos financieros nacionales e internacionales), e integración (cuando el dinero regresa a la economía como dinero legítimo).
El cabecilla de la operación habría sido el albanés Dritan G., quien se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por la Interpol. Este habría empleado a las empresas Cresmark S.A. y Agricomtrade S.A. para presuntamente lavar fondos provenientes de actividades ilícitas a través de exportaciones de banano.
Para ello habría contado con socios como Julio L. M., su esposa Teresa P., y sus hijos Byran L. y Julio L. P., además de Pablo H. Ellos son investigados por supuestamente haber incrementado sus patrimonios de manera desproporcionada con el que habrían adquirido propiedades, vehículos de alta gama y maquinaria pesada, que era pagada en efectivo, para ocultar la procedencia de los fondos.
Por su parte, el argentino Mario S. y su esposa Carina E. habrían gestionado los recursos financieros y humanos de empresas como Holtexsa S. A., Ingrener S. A., Negoglobal S. A., Sentilver S. A. y Damascoswett S. A., en el que se habrían camuflado supuestas actividades relacionadas al narcotráfico con su rol como empresarios bananeros.
Carlos G., Jonnathan L. y Fulgencio C., como administradores de las empresas Damascoswett S. A., Sentilver S. A. y Agricomtrade S.A., presuntamente habrían facilitado el transporte y envíos de droga hacia el extranjero, a través de compañías que aparentaban ser legítimas.
Por último, Yongdeng Z. y Jairo M. habrían sido los supuestos encargados del manejo logístico del dinero proveniente del narcotráfico, con lo que evitaban que el dinero pase por operaciones en el sistema bancario para no dejar rastros.
F: EL TELEGRAFO
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