El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha anunciado que a partir de 2026 se implementará un “plan agresivo” de expropiación de edificios y terrenos abandonados en el centro de la ciudad. El objetivo de este plan es revitalizar el casco central, una zona que actualmente se encuentra deteriorada debido a la inactividad y el abandono de varias propiedades. Álvarez ha señalado que este proyecto forma parte de una nueva planificación urbana que busca recuperar estos espacios y devolverles su utilidad.
La expropiación es un procedimiento legal que permite al Estado adquirir propiedades privadas por razones de utilidad pública, siempre y cuando se otorgue una indemnización justa al propietario. Según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), los Gobiernos locales tienen la autoridad para llevar a cabo expropiaciones, siempre y cuando se realice una valoración justa de la propiedad y se cumpla con el pago correspondiente conforme a la ley.
El Cootad establece que las expropiaciones pueden tener como fin la ejecución de planes de desarrollo social, urbanización, vivienda de interés social, y la gestión sustentable del medio ambiente, entre otros. En el caso de programas de urbanización y vivienda, el precio de venta de los terrenos solo incluirá el valor de las expropiaciones y las mejoras básicas realizadas. Es el Gobierno Autónomo Descentralizado el encargado de definir las condiciones y formas de pago en estos casos.
No obstante, los propietarios de los bienes sujetos a expropiación tienen el derecho de impugnar la decisión, amparándose en el artículo 66.26 de la Constitución, que protege el derecho a la propiedad en todas sus formas. Este artículo también subraya la responsabilidad social y ambiental asociada a la propiedad, y establece que el acceso a la propiedad se garantizará a través de políticas públicas y otras medidas.
F: Ecuador en Directo
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