El Salvador cumple este lunes, 27 de marzo de 2023, un año bajo estado de excepción, aprobado con el objetivo de erradicar la violencia de las pandillas en el país y que, si bien ha ido acompañado de un drástico descenso de los homicidios, ha despertado un aluvión de críticas de potencias y organismos internacionales, que cuestionan la ausencia garantías democráticas y de Derechos Humanos de la medida.
El 27 de marzo de 2022, tras una jornada en la que se llegaron a superar los 60 homicidios, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción, en virtud del que se permitía un mayor despliegue policial y militar en las zonas más conflictivas del país y la detención de toda aquella persona sospechosa de pertenecer a pandillas (como Mara Salvatrucha) que tenían amedrentadas a la población.
A partir de aquel día, que Bukele ha definido como «uno de los más difíciles» de su mandato y su vida, las autoridades salvadoreñas, incluida la Policía Nacional o el propio presidente, se han afanado en trasladar una imagen de mayor seguridad, publicando casi diariamente el balance de homicidios, que ha ido en constante disminución hasta no llegar a registrarse ninguna muerte violenta en el país.
Por otro lado, mientras los homicidios iban en descenso, las fuerzas de seguridad confirmaban día tras día la detención de millares de presuntos pandilleros hasta llegar incluso a superar los 60 000 en un año, tratando así de legitimar una polémica decisión que, según organismos internacionales, se ha llevado por delante a ciudadanos inocentes.
El máximo exponente de lo draconiano de la medida se ha podido comprobar en las últimas semanas, cuando las autoridades salvadoreñas confirmaron el envío de hasta 4 000 presuntos pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una macrocárcel construida en tiempo récord y con capacidad para acoger hasta 40 000 reclusos para así descongestionar el resto de prisiones del país.
La confirmación de estos traslados se acompañaban de publicaciones de Bukele con vídeos cuasi propagandísticos en los que se muestran a decenas de presos siendo movilizados apenas sin ropa –tan solo con un calzón blanco–, con las manos esposadas a la espalda y con la cabeza gacha. En el CECOT no solo está previsto que permanezcan recluidos, sino que también se les ha incluido en programas de trabajo social, como la limpieza de calles, adecentar escuelas y hospitales e incluso construir nuevas instalaciones.