Hasta noviembre de 1960, los británicos no podían leer “El amante de Lady Chatterley” debido a una ley que penalizaba la publicación de textos considerados indecentes e inmorales.
La editorial británica Penguin Books quiso desafiar la Ley de Publicaciones Obscenas imprimiendo una edición completa y sin censura de la novela de D. H. Lawrence. El juicio resultante simbolizó los cambios sociales que se habían estado gestando en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y demostró la brecha que existía entre el público y aquellos que se consideraban los guardianes de la moral establecida.
“El amante de Lady Chatterley” se había publicado de forma privada en Italia y Francia a finales de la década de 1920, pero después fue prohibido en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Australia y Japón.
En los años previos al juicio, los escritores y editores británicos estaban cada vez más preocupados por la cantidad de libros que estaban siendo vetados por obscenidad. En un intento de disipar estos temores, el Parlamento de Reino Unido aprobó en 1959 una nueva Ley de Publicaciones Obscenas que prometía «proteger la literatura y reforzar la legislación sobre pornografía».
El instrumento legal ofrecía una defensa a cualquiera acusado de publicar un «libro sucio» y le permitía argumentar que una obra debía publicarse si tenía mérito literario, incluso si la persona promedio encontraba su material chocante.
“El amante de Lady Chatterley” fue considerada controvertida porque mostraba una relación apasionada entre una mujer de clase alta, Lady Constance Chatterley, y un hombre de clase trabajadora, Oliver Mellors.
La novela incluye malas palabras, descripciones explícitas de sexo y retrata el placer sexual femenino.
Lawrence dijo que esperaba recuperar el sexo como algo aceptable en la literatura. Quería «hacer que las relaciones sexuales (en la novela) fueran válidas y preciosas, en lugar de vergonzosas», explicó.
En 1960, Penguin estaba lista para poner a prueba la Ley de Publicaciones Obscenas. La editorial le escribió al fiscal general y le advirtió que publicarían una versión original del libro.
En agosto de ese año, Reginald Manningham-Buller, el asesor legal de la Corona, leyó los primeros cuatro capítulos de la novela mientras viajaba en un tren a Southampton (una ciudad del sur de Inglaterra) y le escribió al fiscal general, aprobando el inicio de procedimientos legales contra Penguin.
«Espero que consigas una condena», dijo.
Allen Lane, el fundador de Penguin Books, estaba en España cuando se desarrollaron los acontecimientos. Sus colegas le aconsejaron que regresara a casa de inmediato.
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