Estados Unidos prohibió la entrada a Rafael Correa, Jorge Glas y sus familias.
La historia se repite, diez años más tarde, con un dejo de justicia poética. La noticia de que el gobierno de Estados Unidos prohíbe el ingreso del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y sus familias por su participación “en significativos actos de corrupción durante su mandato” revive un capítulo ocurrido en 2014. Entonces, Correa levantaba el dedo acusador. Y el acusado era otro expresidente, Jamil Mahuad.
A fines de mayo de ese año, el gobierno de la Revolución Ciudadana anunciaba,: “Hemos logrado que ayer la Interpol haga la difusión roja del ciudadano Jorge Jamil Mahuad, quien está en Estados Unidos y obviamente nosotros comunicaremos del particular para que inmediatamente se pueda lograr la detención”.
Desde la cuenta del ministerio del Interior de la época, se mencionaba que “Interpol sitúa con difusión roja a Jamil Mahuad por peculado”. Y determinaba que esta decisión era fruto de “un trabajo muy minucioso de información”.
No obstante, pese a las gestiones realizadas por el gobierno ecuatoriano de entonces, Interpol archivó la alerta roja. Según explicó el ente internacional, el artículo 3 de su estatuto le obligaba a estudiar toda la documentación. Interpol concluyó que el requerimiento se relacionaba con una medida económica adoptada cuando Mahuad era presidente, esto es, la del congelamiento de depósitos, decidida en marzo de 1999 en el contexto de la crisis financiera. Por eso, Interpol determinó que el caso tenía un matiz político.
A Correa, la noticia del archivo le hizo montar en cólera. En una entrevista con un medio cuencano aseguró que la decisión de Interpol “es un insulto a la justicia ecuatoriana” y luego agregó que también “es una ofensa al país, al Estado ecuatoriano”.
“Humanamente, cuánto habrá sufrido este tipo (Mahuad), cuánto tiempo lleva fuera del país, pero lo que es un insulto es que la Interpol diga: ‘No, esto es político’, y deseche un pedido de la justicia ecuatoriana”, según enfatizó en esa entrevista.
Fuentes del gobierno de la época afirmaron que la consigna oficial fue intentar revertir la decisión de Interpol. Para ello se fijó una partida presupuestaria especial. Del caso habría estado al tanto el contralor de entonces, Carlos Pólit. Para completar la paradoja, el excontralor Pólit acaba de ser sentenciado a diez años por la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos, por el delito de lavado de activos.