La pugna política entre el presidente Daniel Noboa y su vicepresidenta, Verónica Abad, se extiende en los frentes judicial, electoral y administrativo.
La perturbadora relación entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad ha concentrado los esfuerzos de varios funcionarios del Ejecutivo en vigilar las actuaciones del otro para buscar una manera de contenerlo legalmente.
Sin embargo, ninguno de los mandatarios ha tenido éxito en sus acusaciones e intenciones, al menos no todavía. Abad ha dejado claro que, no importa cuánto la presionen, no va a renunciar al cargo para el que fue electa junto con Noboa.
Ni siquiera su nombramiento como Embajadora por la paz en Israel la desanimó lo suficiente, pese tener que mudarse a Tel Aviv, en medio del conflicto armado más cruento que ha visto la comunidad internacional en los últimos tiempos. Esto seguido del retiro de la seguridad y de una orden de silencio.
Es así que, desde su posesión, el Primer Mandatario y su equipo buscan una forma de neutralizar a Abad y evitar que, finalmente, reemplace a Noboa durante la próxima campaña electoral, como lo mandan la Constitución y el Código de la Democracia.
Y los funcionarios del Ejecutivo no han tenido reparos en afirmar que «sería nefasto que asuma el poder», que se trata de «una enemiga del Gobierno» y que sus acciones sí pretenden la destitución de la Vicepresidenta.
A continuación un resumen de las medidas que ha tomado cada bando en esta disputa política:
1. El caso Nene
Francisco Barreiro, hijo de la Segunda Mandataria, y el exasesor Daniel Redrován, son investigados por la Fiscalía por una presunta oferta para realizar tráfico de influencias en la Vicepresidencia, desde marzo 2023.
Incluso, la Fiscalía intentó vincular a Abad al proceso, pero la negativa de la Asamblea Nacional lo impidió. Ahora se espera nueva fecha para la audiencia preparatoria de juicio, ya que la diligencia fue diferida el 11 de septiembre de 2024.
2. Primera denuncia electoral
En mayo, el consejero de Participación Ciudadana, Esteban Guarderas, presentó ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) una denuncia por supuesta infracción electoral, contra la vicepresidenta Verónica Abad.
La acusó de haber hecho campaña anticipada electoral en 2022, cuando fue candidata a la Alcaldía de Cuenca. De encontrarla culpable, los jueces electorales pueden establecer sanciones como multas, pérdida de derechos políticos y hasta destitución del cargo.
3. Segunda denuncia electoral
En agosto, Verónica Abad interpuso una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, por supuesta violencia política de género, contra el presidente Daniel Noboa, la canciller Gabriela Sommerfeld, el entonces viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, y la asesora presidencial Diana Jácome.
En caso de que el Tribunal falle a favor de la Mandataria, los funcionarios denunciados podrían recibir una multa, perder derechos políticos o, incluso, el cargo.
4. Tercera denuncia electoral
La asesora presidencial y precandidata a asambleísta por el oficialismo, Diana Jácome, decidió contraatacar y el 15 de agosto presentó una denuncia contra la vicepresidenta Verónica Abad, también por violencia política de género.
Jácome pide que a la Segunda Mandataria se le suspendan los derechos políticos y que se le cobre una multa.
5. Sumario administrativo
La Cancillería analiza el cumplimiento de la gestión y desempeño de Abad como embajadora en Israel. Por ello, el Ministerio de Trabajo prepara un sumario administrativo sobre su demora en trasladarse a Turquía, por un cambio temporal de sede.
El 12 de septiembre la Dirección de Recursos y Sumarios Administrativos de la entidad solicitó a la Dirección de Talento Humano de la Vicepresidencia un informe técnico motivado, sobre el «presunto incumplimiento de la servidora pública».
6. Pedido de fiscalización
El 18 de septiembre de 2023 la vicepresidenta Verónica Abad recurrió a la Asamblea Nacional para abrir un nuevo frente con Carondelet.
En la misiva, Abad que se encuentra actualmente en Turquía, pide al titular de la Asamblea que se inicie un proceso de fiscalización en contra de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la canciller, Gabriela Sommerfeld.
7. Acción de protección
La Mandataria y también embajadora en Israel planteó una acción de protección contra la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, y Ruth Espinoza, directora de Sumarios Administrativos.
La demanda recayó en manos de la jueza Gloria Mayorga, de la Unidad Judicial Penal con Competencia en Infracciones Flagrantes, de Quito. Después de que la magistrada escuchó los argumentos del Gobierno y la defensa, decidió negar la medida.
Sin embargo, la jueza Mayorga advirtió que el inicio de un sumario administrativo no representa una destitución o afectación de derechos políticos, por lo que no puede resolver sobre lo que aún son especulaciones.
8. Cuarta denuncia electoral
El 20 de septiembre, Abad insistió en interponer una segunda denuncia por violencia política de género, contra los mismos acusados: Daniel Noboa, Gabriela Sommerfeld, Esteban Torres y Diana Jácome. El Tribunal Contencioso Electoral decidió unificar las causas.
9. Denuncia por intimidación
Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad e investigado en el caso ‘Nene’, puso una denuncia en la Fiscalía General, el 27 de septiembre, por presunta intimidación y hostigamiento. E, incluso, dijo temer que intenten asesinarlo o secuestrarlo.
Barreiro también rechazó recientes publicaciones en las que se afirma que sería el administrador de cuentas en paraísos fiscales con montos superiores a los USD 7 millones.
F: PRIMICIAS