Abad manifestó su disconformidad con la decisión de la magistrada Gloria Mayorga
Una jueza de Ecuador negó este lunes el recurso de amparo que la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, había solicitado contra el expediente administrativo que le abrió el Ministerio de Trabajo, un trámite con el que ella cree que se le busca destituir, dentro del enconado enfrentamiento que mantiene con el presidente Daniel Noboa y su Gobierno.
Abad sostiene que el Ministerio de Trabajo no tiene facultades para abrir un expediente administrativo contra ella con fines de una posible destitución por abandono del cargo, pues argumenta que únicamente puede ser destituida del cargo de vicepresidenta por la Asamblea Nacional.
En redes sociales, Abad manifestó su disconformidad con la decisión de la magistrada Gloria Mayorga, a la que calificó de «temerosa» a la hora de resolver la acción presentada.
«Golpe bajo a la democracia, derecho al trabajo digno y a la jerarquía constitucional como principio. Negaron la acción de protección. Es increíble nuestra justicia», lamentó Abad.
«Para la temerosa magistrada no se configura ninguna afectación a los derechos políticos, tampoco han violentado las leyes, ni procedimientos ni a la seguridad jurídica. ¡Apelamos en la misma audiencia!», señaló la vicepresidenta, que insistirá con su petición en una instancia superior.
Este martes el pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto evaluar el oficio de Abad en el que solicitaba al
Legislativo iniciar una fiscalización contra las ministras de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; y de Trabajo, Ivonne Núñez, por el mismo sumario administrativo.
El Ministerio de Trabajo abrió ese expediente administrativo contra Abad por abandono del cargo, por presuntamente no haber cumplido dentro del plazo establecido con su traslado desde Tel Aviv a Ankara.
Para Abad, el sumario administrativo iniciado en su contra «no es sino otro acto persecución política y hostigamiento». «(Noboa) ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura», opinó la vicepresidenta en el oficio dirigido a la Asamblea Nacional.
La vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso para forzarla a dimitir y evitar que, como está contemplado en la Constitución, deba delegarle a ella temporalmente las funciones presidenciales cuando el mandatario deba pedir licencia del cargo para la campaña electoral de los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.
Mientras, Abad ha demandado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Noboa y a varios integrantes de su administración por presunta violencia política de género, en un proceso que puede derivar la destitución del cargo del gobernante, lo que desde el Ejecutivo ha sido catalogado como un intento de golpe de Estado.
A su vez, el Gobierno, a través de la asesora presidencial Diana Jácome, ha contrademandado a la vicepresidenta por los mismos cargos y con la misma intención.
Legislativo iniciar una fiscalización contra las ministras de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld; y de Trabajo, Ivonne Núñez, por el mismo sumario administrativo.
El Ministerio de Trabajo abrió ese expediente administrativo contra Abad por abandono del cargo, por presuntamente no haber cumplido dentro del plazo establecido con su traslado desde Tel Aviv a Ankara.
Para Abad, el sumario administrativo iniciado en su contra «no es sino otro acto persecución política y hostigamiento». «(Noboa) ha instaurado varios mecanismos para impedirme reemplazarlo en el cargo cuando se vea obligado a separarse de éste ante su inminente candidatura», opinó la vicepresidenta en el oficio dirigido a la Asamblea Nacional.
La vicepresidenta ha acusado a Noboa de estar al frente de un presunto acoso para forzarla a dimitir y evitar que, como está contemplado en la Constitución, deba delegarle a ella temporalmente las funciones presidenciales cuando el mandatario deba pedir licencia del cargo para la campaña electoral de los comicios de 2025, en los que buscará la reelección.
Mientras, Abad ha demandado ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a Noboa y a varios integrantes de su administración por presunta violencia política de género, en un proceso que puede derivar la destitución del cargo del gobernante, lo que desde el Ejecutivo ha sido catalogado como un intento de golpe de Estado.
A su vez, el Gobierno, a través de la asesora presidencial Diana Jácome, ha contrademandado a la vicepresidenta por los mismos cargos y con la misma intención.
F: ORIENTE