Imagen tomada por el Diario El Universo.
El proponente Leonardo Berrezueta (RC) advierte de que casos similares al de Guayas habría en El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Mientras el correísmo busca abrir una investigación sobre las conexiones políticas del exasambleísta socialcristiano Pablo M. con la justicia, la bancada Construye insiste en el apoyo de la Función Legislativa a la fiscal general el Estado, Diana Salazar, por el caso Purga, relacionado con delincuencia organizada que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La idea es incluir a debate las dos peticiones dentro de la agenda legislativa de la sesión plenaria 911, convocada para este martes 12 de marzo a las 10:00, para eso se necesita mayoría absoluta, es decir, 70 votos.
Para investigar las conexiones políticas del exasambleísta Pablo M. con la justicia existe el planteamiento de integrar una comisión ocasional, aunque también los legisladores discuten la posibilidad de encargar la investigación a la Comisión de Fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Los correístas esperan poner a discusión interna este caso antes de mostrar su voto en el pleno.
En cambio, el movimiento Construye presentó el domingo 10 de marzo un pedido de cambio en el orden del día de este martes para que se trate como segundo punto del orden del día una resolución en la que se plantea el respaldo al trabajo que vienen ejerciendo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la Policía Nacional y el equipo de funcionarios a cargo de la investigación del caso Purga, que develó “el modus operandi de una estructura criminal que ha cometido los más graves delitos, según las evidencias encontradas”.
El proceso judicial, denominado caso Purga, saltó a la luz pública el pasado 4 de marzo y destapó en el país una estela de corrupción, que involucra a jueces de la Corte Provincial del Guayas como operadores de las principales organizaciones delictivas en las que también cuenta la participación del exlegislador socialcristiano Pablo M., quien mantenía un litigio judicial contra el Banco del Pacífico.
Leonardo Berrezueta, asambleísta del movimiento Revolución Ciudadana, aseguró que muchos legisladores coinciden en el objetivo de investigar no solo el caso Purga, sino también ampliarlo hacia otros casos que habría en el país en provincias como El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, de acuerdo con las denuncias que han llegado hasta la Asamblea.
Al momento, añadió, se revisa información sobre la provincia de Manabí, sobre la “interferencia que tienen la política y la narcopolítica en decisiones judiciales, cómo se contaminó la Función Judicial con la narcopolítica”.
En principio, dijo, se investigará la actuación de P. Muentes, que usando la calidad de asambleísta habría actuado en la Corte de Justicia del Guayas, y agregó que ha llegado mucha información sobre casos similares a la provincia del Guayas, pero que esa información se dará a conocer en el marco de la investigación, ya que el objetivo es determinar cuál fue la actuación de los asambleístas, sea Pablo M. o cualquier otro legislador, que utilizaron la calidad de asambleísta para poder ejercer una influencia sobre la Función Judicial en Guayaquil o en otras ciudades del país y quién está detrás de todo esto, “porque los asambleístas no se van a mover solos, deben haber tenido algún tipo de apoyo político más amplio”.
En esta investigación, el correísmo intentará también incluir los procesos que a criterio de Berrezueta están ‘dormidos’, como los casos Encuentro, León de Troya, la muerte de Rubén Cherres, la mafia Albanesa; es decir, muchos temas que quedaron sueltos en el Gobierno anterior, y sobre todo, cuáles son los alcances de las declaraciones de la exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas María Josefa Coronel, cuando ella indica que sabía lo que estaba sucediendo en la Corte de Justicia de Guayas. “Hay datos preliminares de la actuación de la señora Coronel en relación a varios procesos, su injerencia y su presión en algunos procesos; nos está llegando esa información”, advirtió Berrezueta.
Indicó que tienen información de que es posible que casos similares a los de Guayas se repitan en otras provincias, como Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, y al momento se revisa información de la provincia de Manabí, sobre la “interferencia que tienen la política y la narcopolítica en decisiones judiciales, cómo se contaminó la Función Judicial con la narcopolítica”.
Berrezueta comentó que hay la posibilidad de encargar la investigación a la Comisión de Fiscalización, y si eso ocurre, dijo que pedirá que se le permita a él ser parte de esa investigación, por la información que le empieza a llegar y que será expuesta oportunamente.
La propuesta inicial es otorgar un plazo de 60 días a la comisión para que realice la investigación y presente un informe para conocimiento del pleno, resuelva y de ser el caso se envíe el expediente para conocimiento de la Fiscalía General del Estado.
La bancada de la Revolución Ciudadana espera ponerse de acuerdo internamente sobre los alcances de la investigación y luego dar a conocer a la prensa sobre la hoja de ruta.
Resolución de respaldo
El movimiento Construye, según el coordinador de la bancada, Camilo Salinas, ingresó a la secretaría general de la Asamblea un proyecto de resolución que busca el respaldo del pleno a la gestión que viene realizando la fiscal general del Estado, Diana Salazar, su equipo de investigación y la Policía Nacional en el caso Purga.
Esta organización no realizará ningún cabildeo previo para incluir esta resolución a debate legislativo, y con ello, el país conozca quién apoya o no la gestión de la fiscal en el caso que vincula a la política con la justicia. “Aquí es una medición de fuerzas de quién está a favor de las mafias y quién está a favor de la patria”, subrayó.
En el debate, el bloque legislativo Construye espera incluir, a más del respaldo al equipo multitarea de la fiscal Diana Salazar, un texto que exhorte al presidente de la República, Daniel Noboa, a que garantice la autonomía financiera y administrativa de la Fiscalía, para que continúe con el proceso de investigación en el caso Purga, tomando en cuenta que hay mucho más por investigar y conocer las vinculaciones de la narcopolítica con la justicia.
Para ese sector político la conformación de una comisión que investigue el caso Purga no se justifica en este momento, porque lo único que hará es contaminar políticamente el trabajo que lleva adelante la Fiscalía. Se puede entorpecer en la investigación, porque “saldrán más personas involucradas de acuerdo a los indicios que tenemos, porque los casos se relacionan a las investigaciones que llevó adelante el excandidato presidencial Fernando Villavicencio”.