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La fiscal Diana Salazar pidió que no sean recluidos en los mismos lugares. El SNAI es la entidad responsable de la ubicación de los presos.
El exlegislador Pablo M., la expresidenta de la Corte de Guayas Fabiola G. y otros siete procesados en el caso Purga, que recibieron orden de prisión preventiva, fueron ubicados en dos centros de privación de libertad, en Quito, donde se encuentran algunos de los procesados en el caso Metástasis.
De las doce personas detenidas en la causa denominada Purga, por el presunto delito de delincuencia organizada, a nueve se les dictó prisión preventiva, dos tienen prohibición de salida del país y presentación periódica ante autoridad competente, y uno tiene arresto domiciliario, con uso de grillete electrónico, debido a que es una persona de la tercera edad.
Tras las medidas impuestas a los doce imputados, dictadas la noche del 5 de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, solicitó al juez Javier de la Cadena que las personas que deben guardar prisión no sean ubicadas en las cárceles donde están recluidos los procesados del caso Metástasis.
Su pedido obedeció a que la investigación del caso Purga se derivó del contenido del teléfono celular de Mayra S., procesada en el caso Metástasis.
En respuesta a la solicitud de Salazar, el magistrado determinó que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) decida el destino de Pablo M., Fabiola G., y los demás.
Durante la madrugada del miércoles 6 de marzo los nueve imputados fueron trasladados desde la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
A la Cárcel 4, ubicada en el norte de la capital, se llevó a los siete hombres: Pablo M., Gustavo M., Henry T., Nelson P., Guillermo M., Alberto L. y Fausto A.
Mientras que las dos mujeres fueron llevadas a la Casa de Confianza de Chillogallo, en el sur de la ciudad: Fabiola G. y Ruth S.
Del caso Metástasis, en la Cárcel 4 se encuentran Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura (CJ) y los exjueces Emerson Curipallo y Carlos Zambrano, entre otros.
En tanto que en la Casa de Confianza está Mayra S., quien habría tenido una estrecha relación con Fabiola G. y Pablo M., de quienes supuestamente recibía información sobre procesos judiciales que iban a ser influenciados de manera irregular y que también recibía disposiciones para publicar mensajes en redes sociales a través de un troll center, según las comunicaciones halladas en su teléfono celular.
EL UNIVERSO conoció que en el SNAI se analiza la seguridad de los nueve prisioneros del caso Purga, con el fin de reubicarlos en otro centro de privación de libertad, para atender el pedido de la fiscal general.
En la entidad que dirige las cárceles del país se revisa la situación de los procesados, porque varios de ellos, al haber sido jueces, atendieron y resolvieron causas judiciales por las cuales varias personas cumplen sentencia en prisión.
Aquello inquieta a los abogados defensores de los magistrados hoy investigados, ya que consideran que sus vidas podrían estar en riesgo si son recluidos en centros donde están personas que han sido sentenciadas por ellos. Así lo expresaron en la audiencia del martes, luego que el juez Javier de la Cadena emitió su fallo. (I)
F. El Universo
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