Imagen tomada por el Diario El Universo
La fiscalía española anunció el miércoles que pedirá cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, quien debe ser juzgado próximamente por un caso de presunto fraude fiscal.
En un extenso comunicado, la Fiscalía de Madrid indicó que “solicita cuatro años y nueve meses de prisión” para el técnico, a quien le imputa “dos delitos contra la Hacienda Pública” por haber defraudado presuntamente más de un millón de euros en los ejercicios de 2014 y 2015 al eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen.
El anuncio se produce horas antes de que el Real Madrid se enfrente este miércoles por la noche al RB Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, un encuentro clave al que llega tras la victoria 1-0 en la ida en Alemania.
En julio del año pasado, un tribunal de Madrid ya había anunciado que llevaría a juicio al entrenador italiano, después de tres años de investigación.
El proceso todavía no tiene fecha fijada, indicó la Fiscalía a la AFP.
“A pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid”, explica la Fiscalía en su comunicado.
Los ingresos derivados de la cesión de los derechos de imagen fueron, de acuerdo con el Ministerio Público, de 1,2 millones de euros en 2014 (1,3 millones de dólares) y de 2,9 millones (3 millones de dólares) en 2015.
Según un documento judicial consultado por la AFP, Carlo Ancelotti reconoció los hechos durante la investigación, lo que podría abrir una vía para llegar a un posible pacto con la Fiscalía para evitar una pena de prisión.
“Confuso entramado”
Para el Ministerio Público, las omisiones de Ancelotti en sus declaraciones de impuestos fueron voluntarias, ya que el técnico italiano “acudió a un ‘complejo’ y ‘confuso’ entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen”.
De esta forma “simuló” la cesión de sus derechos a entidades “carentes de actividad real” domiciliadas fuera de España “persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española”, agrega el comunicado, citando los términos que utiliza la Fiscalía en su escrito.